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Jueves, 30 de Noviembre de 2017
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No es obligatorio informar embarazo

La trabajadora que se encuentre en estado de gravidez, no tiene la obligación o el deber de informar sobre dicho estado, salvo en casos excepcionales.
 
Para la Corte Constitucional es claro que no existe un deber de informar acerca del estado de gestación al empleador al inicio del contrato, y así se pronunció en la reciente sentencia T-583 de 2017.
 
Ahora, antes de entrar a analizar los argumentos por cuales la Corte sostiene que no existe la obligación de informar el estado de gestación, ésta recuerda los criterios para que opere la estabilidad laboral reforzada para las trabajadoras gestantes. Preciso la Corte que es indiferente establecer si el momento en el cual inició el proceso de gestación es anterior o posterior al comienzo del vínculo laboral, pues el factor que origina la posible discriminación es que la permanencia en su empleo dependa de su decisión de ejercer su rol reproductivo.
 
Bajo ese entendido, el proceso de gestación no necesariamente debe iniciar en vigencia de la relación laboral con la empresa, ya que, si el proceso de gestación es anterior al inicio del contrato, pero durante el inicio y ejecución del mismo la trabajadora aún se encuentra en la etapa de gestación o los tres (3) meses posteriores, se entiende que existe estabilidad laboral reforzada y no podrá terminarse el contrato.
 
En línea con lo anterior, y con miras a evitar prácticas discriminatorias, la Corte rechaza categóricamente que el embarazo pueda ser una barrera de acceso al empleo. Específicamente señaló: “todo acto del empleador orientado a “sancionar” o a impedir el embarazo de una trabajadora, o a investigar si existe estado de gravidez “para que de allí dependa el acceso, la permanencia, o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional”
 
La Corte fundamenta lo anterior en disposiciones como el Convenio 183 de la OIT y la Recomendación General No. 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Para la OIT, los Estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo. Para el segundo de estos cuerpos internacionales, resulta importante que no se permitan medidas coercitivas, entre las que se encuentran las pruebas obligatorias de embarazo, como condición para acceder al trabajo,
 
A nivel interno, el Ministerio del Trabajo en la Resolución 3716 de 1994 dispuso que la realización de pruebas de embarazo previas a la celebración de un contrato laboral y como requisito de acceso al mismo únicamente procede cuando se trate de empleos “en los que existan riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el normal embarazo con el fin único y exclusivo de evitar que la trabajadora se exponga a factores que puedan causarle daño a ella o al feto”.
 
Por lo anterior, nuestra sugerencia es evitar caer en la práctica de realizar pruebas de embarazo en los procesos de selección del personal. Esto podría llevar a la presentación de acciones de tutela por violación a la dignidad, intimidad, trabajo, etc., e incluso se pueden llegar a instaurar demandas ordinarias para reclamar indemnizaciones de perjuicios.