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Miércoles, 15 de Enero de 2020
Nicolás Godoy
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Para defender a niñez y juventud se ha creado la obligación de algunos empleadores de consultar registro de inhabilidades


A raíz de la expedición del Decreto 753 de 2019, que entró a regir a partir del 01 de noviembre de 2019, se creó la obligación a las entidades públicas y privadas de tramitar el certificado de inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores.
 
En este sentido, como consecuencia de lo establecido en la Ley 1918 de 2018 que determina que las personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de personas menores de 18 años, estarán inhabilitadas para desempeñarse en cargos, oficios o profesiones, que involucren una relación directa y habitual con menores de edad;  se creó   una sección especial llamada “inhabilidades impuestas por delitos sexuales contra menores de edad” que contendrá la trazabilidad de las personas condenadas por estas conductas, y la cual deberán empezar a consultar los empleadores.
 
Por lo tanto, esta obligación debe ser cumplida en procesos de selección de personal y actualizada de manera cuatrimestral, contando siempre con la autorización previa, expresa y escrita del aspirante.
 
No obstante lo anterior, si bien el Decreto únicamente contempla que esta obligación se debe cumplir en los procesos de selección – es decir para nuevas contrataciones- nuestra recomendación es como una forma optativa las empresas gestionen una autorización de consulta con los trabajadores ya activos (contrataciones vigentes) y así evitar el riesgo de imposiciones de sanciones y multas.
 
Es importante mencionar que la omisión por parte de los empleadores, cuando corresponda, de la obligación de obtener y actualizar el certificado respectivo, podrá conllevar sanciones de entre 50 y 500 SMMLV por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
 
Finalmente, a continuación exponemos algunos ejemplos de cargos profesiones u oficios que puede conllevar la posibilidad de que exista una interacción o trato personal directo o virtual con menores de edad.
 
  • Todo el personal de las instituciones educativas en cualquier nivel.
  • Instructores, formadores y similares en establecimientos de educación no formal.
  • Personal de atención directa al público en servicios culturales, recreativos o deportivos entre otros.
  • Personal de transporte escolar.
  • Personal de atención directa al público en servicios de hotelería y turismo.
  • Personal de servicios educativos, institucionales y comunitarios.
  • Personal médico, de psicología, enfermería, odontología etc.
  • Personal de servicios de limpieza de atención directa.
  • Sacerdotes, pastores, catequistas y guías espirituales.
  • Personal de ventas y comercio con atención al público.
  • Personal de servicios de cuidados personales.
  • Agentes de protección y seguridad, incluido personal vinculado a empresas de seguridad privada, logística etc.
  • Cuerpos de salvamento y defensa, bomberos, defensa civil etc.

Para más información o en caso de inquietudes sobre la administración de esta nueva exigencia, no duden en contactarnos.