Godoy Córdoba Abogados propone: Reforma Laboral 2021
Por Dr. Carlos Hernán Godoy, socio, y Laura Valderrama, asociada de Godoy Córdoba.
Los socios de GCA asumimos el deber que tenemos con nuestro país y nuestros clientes para salir adelante después de esta difícil prueba.
Lo vivido en nuestro país en los últimos 5 meses ha puesto de manifiesto que es impostergable adoptar una reforma laboral para solucionar los temas más urgentes. El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Trabajo ha anunciado cuál será el proceso para llevar a cabo este objetivo.
- Fase 1: integración de la misión de empleo que recibirá las propuestas presentadas por los diferentes interlocutores sociales, académicos y profesionales.
- Fase 2: la comisión de concertación de políticas laborales recibirá los frutos del trabajo desarrollado por los expertos de la misión de empleo.
- Fase 3: presentación del proyecto de ley al Congreso de la República.
El Gobierno entregará a las comisiones competentes la propuesta de reforma una vez avalada en la comisión de concertación.
A continuación, encontrarán ustedes la propuesta de nuestra firma, que será radicada en el momento oportuno ante la misión de empleo.
- La reforma laboral urgente que el país necesita (lecciones que deja la emergencia sanitaria)
El dinamismo en las relaciones de trabajo, los avances operativos y tecnológicos, y las realidades actuales de nuestra economía, evidencian la necesidad de generar cambios estructurales en la normatividad laboral.
La rigidez de las normas vigentes (estancadas en las visiones propias de la primera mitad del siglo XX), así como el desconocimiento de las características del sector empresarial colombiano, dificulta la generación y la formalización de empleo, así como la adaptación, de los que ya existen, a los nuevos sistemas de trabajo.
Recordemos que en los primeros años la aparición de leyes sobre el trabajo en Colombia al igual que en otros países del mundo, se dio a través de la expedición de normas con dos características: eran reactivas y dispersas. La codificación como una estructura sistémica y ordenada aparece hacia 1950 y desde entonces se han producido sólo tres reformas estructurales que la respetaron en los años 1965, 1990 y 2002.
Posteriormente, y en especial en la última década, ha aparecido una mala práctica al interior del Congreso de la República mediante la cual, por el afán de presentar propuestas aisladas, puntuales, populistas y desconectadas de la estructura del Código Sustantivo del Trabajo, se ha regresado a la dispersión normativa, se ha sobrecargado a los empleadores con las más absurdas obligaciones administrativas y económicas y, en cambio, los temas verdaderamente relevantes no han sido actualizados ni modificados como correspondería.
Conviene mencionar el incumplimiento de la obligación de expedir el estatuto del trabajo. Casi 30 años de mora en desconexión total con el propósito de la Constitución de 1991.
No podemos perder el esfuerzo codificador recogido en el Código Sustantivo del Trabajo, necesitamos que la modernización de la legislación laboral se haga a través de la estructura de esta normatividad, con lo cual se garantiza el orden, unidad de materia y se evita el caos de una legislación totalmente desactualizada llena de vacíos, como una colcha de retazos al vaivén de los entusiasmos en las Comisiones séptimas de Senado y Cámara.
Nuestro país demanda una reforma laboral estructural y urgente que preserve la codificación y que, además de permitir que nuevos fenómenos aparecidos en el mundo del trabajo puedan ser regulados adecuadamente, reconozca los cambios que se han producido en los modelos de empleo tradicionales, así como la realidad de un sector empresarial compuesto en su gran mayoría por micros, pequeñas y medianas empresas que no ven reconocidas sus limitaciones económicas por una normatividad que, basada en un absurdo igualitarismo, les exige las mismas obligaciones que a las grandes empresas.
Así, el sector empresarial encontrará en las normas laborales verdadero apoyo para los esfuerzos de emprendimiento, innovación y mejora operativa, se acogerán debidamente nuevas formas de trabajo y finalmente, se adaptará la vida laboral a las nuevas realidades de las ciudades y su impacto en la vida personal y familiar.
Las vivencias que nos ha dejado el manejo laboral, dado a la emergencia sanitaria ocurrida en nuestro país a causa del COVID-19, ha dejado en evidencia que la reforma laboral a la que nos estamos refiriendo es la principal herramienta para salir adelante, recuperar la productividad, reconstruir el tejido empresarial colombiano y llegar a tener ese país que todos anhelamos, inclusivo, equilibrado y justo.
El reto inmenso y urgente que tenemos como país coincide con el que muchas otras naciones están asumiendo. - Alcance
Lo ideal sería acometer la tarea de revisar uno a uno los títulos y los capítulos del Código para determinar en forma completa las actualizaciones y ajustes necesarios, pero esta tarea habrá que acometerla en otro momento. Quizás, incluso, cuando el Congreso decida cumplir con su obligación constitucional sobre el estatuto del trabajo, pero esto va a tomar un tiempo que nuestro país no tiene actualmente. Colombia, como el resto del mundo, necesita acciones rápidas y efectivas para salir de la crisis socioeconómica que está dejando la pandemia.
Después de reflexionar sobre los aspectos más urgentes, hemos llegado a la conclusión de que un primer paso para avanzar en la dirección correcta es actualizar los siguientes aspectos por la trascendencia y eficacia que conllevarían a una recuperación con bases sólidas para preparar al país para reformas estructurales.
- Costos laborales proporcionados a la capacidad económica del empleador: la principal causa de la grave informalidad laboral de nuestro país es el erróneo igualitarismo que en materia de obligaciones económicas rige actualmente. No tiene sentido exigir a las micro, pequeñas y medianas empresas, las mismas obligaciones económicas que a las grandes.
Ya en Colombia rigieron prestaciones sociales comunes y prestaciones sociales especiales y, aún dentro de las especiales, valores diferenciales según el capital de las empresas. Hoy no hay diferencia alguna. - Rescate laboral en el campo: es urgente formalizar el trabajo rural para ser la potencia agrícola que nos corresponde. Se deben ajustar los costos y las reglas del trabajo en el campo, para que reflejen sus particularidades. En Colombia rigió un salario mínimo rural diferente al urbano, por ejemplo. ¿Cómo se nos ocurrió igualar el costo laboral del campo y la ciudad?
- Jornadas de trabajo: la evolución del aparato productivo colombiano encuentra una camisa de fuerza en las reglas sobre jornada de trabajo, turnos y descansos. Necesitamos normas que permitan a las empresas operar eficientemente, sin afectar la salud de sus trabajadores y propender por su calidad de vida.
Antes de la emergencia sanitaria, a las empresas colombianas las multaban por organizar turnos de 4 días 12 horas y 3 días de descanso ¿qué tal? - Solucionar la fractura del modelo colectivo: en virtud de sentencias de inconstitucionalidad, existen vacíos profundos en las reglas del derecho colectivo que han producido graves afectaciones. El caos de la multiafiliación, la multinegociación y todo tipo de carruseles de fueros sindicales y otros abusos, pueden colapsar al sector empresarial. ¿Será razonable que una empresa en Colombia deba prepararse para negociar 15 pliegos de peticiones simultáneamente? ¿alguien se ha preguntado cuántos fueros sindicales existen hoy en las grandes empresas del sector industrial, bancario o manufacturero?
- Combatir los abusos en la aplicación del fuero de salud: una de las realidades más dramáticas en la vida laboral de nuestro país es la distorsión del llamado fuero de salud, creado por la jurisprudencia constitucional y los abusos y corrupción que ha generado.
Basta con mirar las estadísticas del más reciente estudio contratado por la ANDI sobre el número de días improductivos durante 2018 que afectaron al sector económico colombiano – de cada 1.000 trabajadores, por ausentismos se perdieron 9.100 días por incapacidad – además de hacer frente a la corrupción con instrumentos como el Decreto 1333 de 2018, hay que acelerar el trámite de los juicios ordinarios que suceden a las tutelas para poner fin a estos abusos.
En la práctica, la velocidad con que se producen los fallos de tutela se distorsiona por la demora en el trámite de los juicios ordinarios que deben adelantarse, dado el carácter provisional que tienen los fallos de tutela. Esto genera situaciones disfuncionales por periodos muy prolongados en perjuicio de todos los interesados.
En siguientes entregas de nuestra revista, abordaremos cada uno de los temas de esta propuesta, indicando en cada uno de ellos su necesidad, las fuentes consultadas para construirla y el alcance mismo. Luego, señalaremos los títulos, capítulos y artículos que deberían ser modificados, así como los nuevos que se hacen necesarios.
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