Retos laborales de las empresas de cara al nuevo gobierno

Por Antonia González, asociada de Godoy Córdoba.

En Los hermanos Karamazov, Fetiukovith, un famoso jurista venido de Moscú, señala para dar cierre a un discurso: “Que los demás pueblos observen la letra de la ley, observemos nosotros su espíritu y su esencia para la regeneración de los caídos”. Parte de la esencia de esa arenga ha estado presente en el programa de gobierno del recién electo Gustavo Petro, pues constantemente ha hecho referencia a un gran “acuerdo nacional”, a la “democratización” de las relaciones laborales, la promoción de la justicia social y del sindicalismo, entre otros.

Con la histórica victoria de la izquierda el pasado 19 de junio, algunos mercados como el laboral temen lo que pueda venir. Porque muchas propuestas se han perdido entre metáforas o denotan un mensaje proclive a defender a los trabajadores, sin precisar en el cómo y sin señalar a costa de qué. Por eso, es importante preguntarse por los retos que deberán enfrentar las empresas frente al Gobierno entrante ¿Qué va a cambiar bajo el nuevo gabinete? ¿Cómo deben anticipar estos cambios los empleadores?

Para empezar, consideramos que la agenda política girará sobre tres ejes temáticos: una mayor tasa de sindicalización, restricciones a la tercerización y la expedición de un Estatuto del Trabajo. Sin embargo, también pueden llegar a marcar la agenda tanto las medidas automáticas que se vayan a tomar a nivel del Ministerio del Trabajo como las políticas públicas que se promuevan.

Frente a las transformaciones que pueden generar efectos inmediatos, vemos que el cambio de gobierno podría tener el siguiente impacto sobre las diferentes facultades que tienen los inspectores del trabajo y el Ministerio del Trabajo:

• Estabilidad laboral: el Ministerio del Trabajo es el llamado a resolver las solicitudes que se presenten de cara a terminaciones de contrato con justa causa cuando aplica el fuero de maternidad o el de salud (numeral 1 del artículo 240 del CST y Circular 049 de 2019), o cuando existe un despido colectivo (Ley 50 de 1990). Entonces si lograr la terminación del contrato en estas situaciones ya es de por sí complejo, ¿este tipo de solicitudes tendrá una menor probabilidad de aceptación?
• Jornadas: se ha hablado de reducir la jornada laboral a pesar de que hoy en día la Ley 2101 de 2021 contempla una reducción gradual de la jornada hasta llegar a las 42 horas semanales. En ese sentido, resulta poco probable que se apruebe una reducción que vaya más allá de las 42 horas y, de querer que esta reducción sea automática y no gradual, sería necesario tramitar otra ley ante el Congreso. De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 995 de 1968, el Ministerio del Trabajo es el llamado a reconocer el permiso de trabajo de horas extras. En ese sentido, ¿el trámite para la aprobación de horas extras traerá mayores complejidades?
• Unidad de empresa: recientemente la presentación de solicitudes de declaratoria de unidad de empresa se ha convertido en una constante de ciertas organizaciones sindicales. ¿Será este uno de los factores a los que se le dará mayor celeridad y trámite bajo el Gobierno entrante?
• Salario mínimo: algunas organizaciones sindicales han venido proponiendo un incremento del salario mínimo por la inflación actual. Teniendo en cuenta que el salario mínimo es fijado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales adscrita al Ministerio del Trabajo, ¿el Gobierno se mostrará receptivo frente a este tipo de solicitudes?
• Negociación por industria: puede que el Gobierno promueva la expedición de decretos reformistas, sin necesidad de transitar por el Congreso y basándose en convenios de la OIT. Por ejemplo, se ha señalado que, al encontrarse contemplada la negociación por industria en algunos convenios de la OIT (Convenios 87 y 98), solo se requeriría aplicar los convenios ratificados por Colombia para que, vía decreto, se apruebe la negociación colectiva por industria.

Por otro lado, sectores cercanos al Gobierno han dado a conocer lo que será el foco de la agenda laboral: la generación de empleo, la formalización laboral y la promoción del sindicalismo. Esto es lo que podemos esperar:

• Estatuto del Trabajo: el nuevo plan de gobierno estaría concentrado en la expedición de un Estatuto del Trabajo. Aunque han transcurrido más de 30 años y a pesar del amplio número de proyectos de estatuto que se han presentado al Congreso, ninguno ha sido aprobado. Si bien es cierto que la Corte Constitucional ha dado pistas sobre cuál debería ser el contenido de ese Estatuto, esto es completamente distinto a tener una ley que regule la materia. ¿Habrá respaldo político suficiente para que finalmente se expida el Estatuto?
• Salario mínimo: durante la campaña, el presidente electo señaló que el incremento del salario mínimo no debería fijarse solamente en función de la inflación, sino que también en función del crecimiento económico nacional. ¿Podrá darse un incremento extraordinario del salario mínimo por situaciones como las que estamos padeciendo con una inflación que afecta principalmente a sectores de menores ingresos?
• Generación de empleo: existe el interés de generar una mayor empleabilidad por parte de los grupos que han sido tradicionalmente marginados en el mercado laboral (las mujeres y los jóvenes, el sector agropecuario, entre otros). Aunque se trate de un fin loable, se echa de menos la forma de lograr este objetivo. Por eso preocupa que no se contemplen incentivos para empresas que estén sujetas a estos grupos vulnerables, mientras se espera que el Estado pueda ser un empleador remanente.

De hecho, la Misión de Empleo señaló, en su último informe, que el deber del Estado no es volverse empleador subsidiario sino generar las condiciones para que los empleadores naturales de la economía puedan reducir la tasa de desempleo y superar la informalidad.

• Formalización laboral: es necesario hacer la diferencia entre lo que son las nóminas paralelas presentes en el sector público – en donde recurrentemente se contratan personas por prestación de servicios, cuando realmente existe un contrato de trabajo de por medio – con la tercerización presente en el sector privado.

Mientras las nóminas paralelas constituyen una práctica contraria a los derechos de los trabajadores, la intermediación puede ser plenamente válida en ciertos casos, con unos límites totalmente definidos. ¿El Gobierno electo buscará terminar con la intermediación? En todo caso, debería promover una regulación que se centre en diferenciar las nóminas paralelas de la tercerización, en definir el núcleo de la tercerización, su objeto social, sus elementos diferenciadores, reconociendo que se trata de una de las actividades que mayores ingresos y puestos de trabajo le generan al país.

• Libertad sindical y diálogo social: gran parte del programa de gobierno se centra en generar una mayor tasa de sindicalización, pues la tasa que tenemos en Colombia es baja en comparación con la de otros países, particularmente los miembros de la OCDE. Para tener sindicatos mayoritarios con poder de huelga, el Gobierno ha propuesto la eliminación de los pactos colectivos y la promoción de la negociación por industria. No obstante, la eliminación de los pactos podría generar un menoscabo del derecho de asociación en su faceta negativa (derecho que le asiste a una persona a decidir no sindicalizarse).

En cuanto a la negociación por industria, preocupa que con esta reforma se lleguen a generar oligopolios, porque en la medida en que existan barreras de acceso a un mercado, será más difícil para los pequeños empresarios poder ingresar a determinadas industrias. Por eso hay que pensar en el “cómo”: ¿Esta medida aplicará para las MiPymes? ¿Va a ser solamente para ciertos sectores de la economía, para ciertas industrias o en general para todas?

Finalmente, vale la pena mencionar que brindaremos el acompañamiento necesario a las empresas para que transiten por estos cambios. Esta coyuntura debería ser vista como una oportunidad para fortalecer el relacionamiento entre empresas, trabajadores y organizaciones sindicales, así como para fortalecer la capacidad que tienen las empresas de compartir agenda con los sectores sociales.

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