¿Quién está haciendo las leyes laborales? ¿Quién debería hacerlas? ¿Cómo hacer la reforma/actualización?
Por Carlos H. Godoy, para Asuntos Legales, del Diario La República.
Decía Carlos Caballero A. en una de sus columnas: “Porque no se sale de una crisis sin efectuar los cambios estructurales que generen, a su vez, modificaciones en el rumbo de la economía y el comportamiento social”. Tal es el caso de la reforma laboral sobre la que hemos venido escribiendo, exponiendo e insistiendo, sin la cual, difícilmente superaremos las debilidades de nuestra economía laboral exacerbadas por la pandemia y los violentos e irresponsables bloqueos.
En nuestra opinión, hay dos frentes que debe atender la labor legislativa en esta materia:
Ajustes urgentes en el modelo general (para la modernización del aparato productivo)
La actualización de las normas vigentes en materia de turnos y sistemas de trabajo acordes con las nuevas realidades como el trabajo híbrido (presencial y virtual), nuevos modelos de trabajo en las fábricas y actividades en campamentos y medios de transporte, entre otras.
La reconstrucción del modelo de relaciones colectivas, fracturado y caótico, fruto de sentencias que dejaron sin vigencia el modelo previo sin orientar los cambios necesarios y hoy nos tienen padeciendo desorden, inseguridad y abusos que están dando al traste con la poca confianza existente en el modelo sindical colombiano. Solo podrá haber buena interacción empresas/sindicatos, en bien de la economía y la sociedad, con reglas claras, razonables y proporcionadas.
En otro momento habrá que abordar el estatuto del trabajo, para sistematizar la doctrina abundante de la Corte Constitucional y hacerla clara, ordenada y accesible a los interlocutores sociales.
Regímenes especiales para realidades diferentes
En Colombia tenemos unas características muy especiales que inciden en un mapa laboral típico que las normas vigentes no reconocen a pesar de que en el pasado sí fueron tenidas en cuenta, pero el “progreso regulatorio”, las enterró.
La inmensa informalidad laboral y el desempleo rampante no son fruto de un empresariado insensible y violador de la ley. Son consecuencia de la ausencia de normas sobre mínimos de derechos y garantías acordes con la capacidad económica de los micro y pequeños empresarios. Las cifras son de sobra conocidas (lo que parecieran no entender los representantes del estado responsables de solucionar esta dolorosa realidad), pero no es legítimo un régimen laboral que solo se aplica a menos de 50% de la población económicamente activa. Basta con mirar la reciente ley que reduce la jornada de trabajo para comprender que no se tuvo en cuenta esta verdad. Colombia necesita urgentemente un régimen laboral para mipymes. Solo así podremos hablar de reactivación y recuperación para poder afrontar con éxito la desigualdad y la pobreza. Capítulo especial requerirá el trabajo en el campo. Somos una potencia agrícola que la ley laboral no permite desarrollar. Se necesitan normas apropiadas para que el agro se vuelva uno de los focos del desarrollo y la competitividad de nuestro país. Recientemente, Perú adoptó medidas al respecto con miras a su participación en la Alianza Pacífico.
Quién y cómo hacer las reforma
Desde el nacimiento del derecho laboral como una herramienta de los estados para consolidar la paz (Tratado de Versalles), quedó claro que cada estado debe identificar las particularidades de su economía y coordinar las normas que la reconozcan y hagan viables las relaciones laborales en equilibrio social.
Por eso, necesitamos un Gobierno consciente y comprometido que lidere el proceso de concertación con trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, con federaciones y confederaciones, con empresarios y gremios empresariales, trabajadores informales y desempleados, urbanos y rurales, para abordar las necesidades de cada grupo de interés y hacer unas reformas que produzcan un régimen laboral que cubra a todos los colombianos, de verdad. No se puede dejar la tarea en manos del Congreso, allí hay que llevar el fruto maduro de la concertación previa.
Los congresistas (comisiones séptimas de las dos cámaras) no han demostrado conocer las realidades laborales, por el contrario, vienen descuadernando el Código Sustantivo del Trabajo expidiendo normas para otros países, sin siquiera una calculadora a la mano.
Es entendible que no sean especialistas en el tema (lo cual debería ser objeto de una regulación en defensa de los intereses nacionales), pero sus unidades de apoyo deberían ser mejor seleccionadas.
En un año habremos elegido nuevo Congreso y Gobierno Nacional. Es la hora de demostrar como ciudadanos, que la pandemia nos enseñó que podemos ser mejores que ayer y que solo si nos comprometemos con y a partir de nuestra realidad, podremos tener libertad de empresa con función social para atacar de raíz la pobreza y la inequidad.
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